Soberanía negociada: La paradoja del diálogo en Venezuela bajo la tutela de EE. UU * Comité Autónomo E Independiente De Trabajadores/CAIT-VE

Soberanía negociada: La paradoja del diálogo en Venezuela bajo la tutela de EE. UU

Comité Autónomo E Independiente De Trabajadores

CAIT

El anuncio de un nuevo ciclo de negociaciones entre el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez y sectores de la oposición no representa una búsqueda genuina de democracia institucional, sino la actualización de una dinámica tutelada. La supervisión directa de Washington en este proceso evidencia la consolidación de un esquema neocolonial, donde la política del país queda subordinada al arbitraje y a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, imponiendo un modelo económico alineado con el gran capital y el libre mercado.

*Apertura económica, reformas y control externo*

Desde 2018, con la promulgación del Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad Económica, el gobierno venezolano emprendió un viraje pragmático destinado a reconfigurar la economía nacional. Este giro no fue aleatorio: combinó la contención y bonificación del salario, así como el desmantelamiento indirecto de las convenciones colectivas; la creación de Zonas Económicas Especiales, la flexibilización cambiaria y beneficios arancelarios, todo orientado a seducir al capital privado y construir puentes de negociación con la administración estadounidense.

Tras la agresión militar del 3 de enero, Delcy Rodríguez aceleró la apertura económica mediante un paquete de 12 leyes para el período 2026-2031 (que abarca minería, comercio, sector eléctrico, marco laboral y tecnología). El eje central de este esquema es la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la cual flexibiliza el sector energético para ofrecer garantías al capital estadounidense y consolida un modelo de enclave subordinado al capital transnacional.

Posterior al terremoto del 24 de junio, el desembarco de militares de EE. UU. bajo premisas humanitarias se combinó con la Orden Ejecutiva 14373, licencias de la OFAC, el vínculo con el FMI y la reestructuración de la deuda. Pretende pagar la deuda externa a pesar de la tragedia causada por el doble terremoto. Estas acciones, sumadas a la reforma eléctrica para permitir capital privado y a la firma de 30 nuevos acuerdos de inversión, evidencian la integración de Venezuela en *los objetivos de seguridad energética y geopolítica de la administración Trump* .

Para Estados Unidos, se trata de una estrategia de estabilización enfocada en asegurar los servicios básicos y supervisar la venta de crudo para evitar un colapso institucional. Washington ha comprometido más de 386 millones de dólares en ayuda humanitaria y de reconstrucción, mientras que aproximadamente 13.000 millones de dólares provenientes de la venta y comercialización de petróleo venezolano siguen bajo su control. El papel de las organizaciones y corporaciones norteamericanas se centra en la logística de emergencia, la ingeniería estructural a través de firmas como Miyamoto International y la articulación del sector privado mediante alianzas locales e internacionales.

Delcy Rodríguez ratificó ante la revista Time el rumbo estratégico de su gestión: una hoja de ruta centrada en la apertura económica, la atracción de inversiones privadas y la construcción de un pacto político con las fuerzas de la oposición y el empresariado local, en pocas palabras La implementación de un plan de ajuste económico en la antesala de una contienda electoral.

El comunicado de Washington tras la reunión entre Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez señala un giro estratégico determinante: prioriza la reconstrucción institucional sobre el calendario electoral, estableciendo que la negociación comenzará formalmente con la refundación del Estado, la recuperación del CNE, las libertades civiles y las garantías democráticas bajo una supervisión coordinada que garantice la estabilidad. Si bien el reparto de poder y las fechas continúan abiertos a negociación, el proceso fija dos límites infranqueables: el desmantelamiento definitivo del modelo económico, político de la Constitución de 1999 y la alineación geopolítica obligatoria de Venezuela con el eje norteamericano.

¿Cuáles serán las consecuencias una vez impuestas dichas reglas? El signo político de quien gobierne pasará a segundo plano, ya sea la continuidad del mandato de Delcy Rodríguez o el triunfo de la derecha o ultraderecha. La prioridad de Estados Unidos es imponer un modelo económico alineado con el gran capital y el libre mercado. Esta reorientación responde a una estrategia de seguridad nacional, orientada al control de recursos estratégicos y al bloqueo de la influencia china en la región.

*¿Cómo llegan los actores políticos al 1 de agosto?*

María Corina Machado es la gran ausente en el arranque de la mesa de negociación. Mantiene una postura de vigilancia externa, exigiendo garantías de elecciones libres a corto plazo. Su exclusión evidencia la fractura opositora: mientras agrupaciones como AD, La Causa R y otros sectores prevén el fracaso del diálogo, partidos como UNT, Unión y Cambio y Avanzada Progresista apuestan por la negociación para lograr la reinstitucionalización nacional.

*Fisuras en el oficialismo: tensiones internas en el chavismo*

Las negociaciones también fracturan al chavismo. Mientras la diputada Iris Varela rechaza abiertamente el proceso por considerarlo una «falsedad» y exige castigo a la impunidad, el diputado Francisco Arias Cárdenas, excomandante del 4 de febrero, pide consultar los acuerdos con las bases del PSUV y el pueblo. En paralelo, 29 «chavistas originarios», incluidos Elías Jaua quien ocupo altos cargos gubernamentales durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y Tony Boza, respaldaron la Declaración de Maracay para exigir transparencia financiera y un diálogo nacional inclusivo sin injerencia externa.

*Las demandas y expectativas del pueblo trabajador*

El deterioro socioeconómico en Venezuela, agudizado por los estragos del doble sismo de junio, expone una brecha histórica entre las prioridades de la clase política y la realidad de la clase trabajadora. Forzados a garantizar su subsistencia frente al colapso de los servicios básicos, los ciudadanos han optado por la desconexión de la agenda institucional, alimentando un marcado desinterés hacia el debate político formal.

Este desencanto social coincide con las severas proyecciones financieras para el cierre de 2026. La combinación de una inflación estimada entre 200% y 360%, la cotización del dólar sobre los 1.000 a 1.500 bolívares y un estancamiento del PIB por debajo del 2% dibuja un escenario crítico. Asimismo, con una pobreza monetaria que supera el 67% y graves daños en la infraestructura tras la emergencia sísmica, el país enfrenta una parálisis del consumo y la inversión que imposibilita la recuperación económica a corto plazo.

Ante esta crisis, resulta imprescindible organizar y articular la resistencia que ha empezado a surgir aún dispersa y construir una alternativa política independiente impulsada por la autonomía de la clase trabajadora, la juventud y las mayorías populares frente a las élites económicas y políticas. Para ello, es necesario construir una fuerza colectiva que imponga una agenda propia, exija el manejo soberano de las riquezas nacionales rechazando el fondo administrado por Estados Unidos y demande un diálogo transparente, incluyente y sin injerencia extranjera para este 1 de agosto, conformando un polo de resistencia en defensa de la soberanía y los derechos laborales y sociales

VENEZUELA TEM RAÍZES

VENEZUELA VENCEDORA